Amnistía Internacional, el CELS, FATPREN y FOPEA solicitaron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante las agresiones y amenazas del presidente Javier Milei contra periodistas. Un informe revela que durante 2025 se registraron 278 ataques a la prensa, un 55% más que el año anterior. También denuncia el uso de acciones judiciales contra comunicadores y la represión de trabajadores de prensa durante manifestaciones.
Cuatro organizaciones de derechos humanos y entidades periodísticas argentinas presentaron el 27 de octubre de 2026 una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El documento advierte sobre una escalada de ataques del presidente Javier Milei contra periodistas y medios de comunicación. Las organizaciones reclaman que el organismo internacional intervenga, solicite explicaciones al Estado argentino y realice una visita al país para evaluar las condiciones en las que se ejerce la libertad de prensa.
Las amenazas de Milei contra periodistas llegaron a la CIDH
La presentación fue realizada por Amnistía Internacional Argentina, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA).
El documento está dirigido a Edgar Stuardo Ralón Orellana, presidente de la CIDH, y a Viviana Giacaman Sarah, relatora especial para la Libertad de Expresión.
Las organizaciones denuncian que los ataques contra periodistas no constituyen episodios aislados. Por el contrario, consideran que forman parte de una práctica sostenida de hostigamiento desde las máximas autoridades del Estado.
Uno de los hechos que motivaron la nueva presentación ocurrió el 23 de octubre de 2026, durante un discurso de Milei en la Fundación FARO.
En esa oportunidad, el mandatario celebró una decisión judicial que dispuso su sobreseimiento en una investigación y lanzó duras acusaciones contra periodistas que habían abordado el caso.
Milei mencionó expresamente a Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodríguez, Natalia Volosin y Luis Novaresio.
Los calificó de periodistas «ensobrados, corruptos, mercenarios de la mentira y fabricantes seriales de operaciones».
Además, aseguró que los combatiría «con mayor audacia» y utilizó una expresión de extrema violencia:
«Los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta».
Para las organizaciones denunciantes, estas declaraciones exceden una confrontación política o una crítica a determinadas coberturas periodísticas.
Advierten que, cuando un presidente identifica públicamente a periodistas como enemigos, puede aumentar su exposición a agresiones y generar un clima de intimidación.
El informe sostiene que las expresiones de un jefe de Estado tienen consecuencias institucionales porque pueden influir sobre funcionarios, simpatizantes y otros actores sociales.
En ese sentido, recuerda que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció, en los casos Ríos y otros vs. Venezuela y Perozo y otros vs. Venezuela, que los discursos de autoridades públicas pueden incrementar la vulnerabilidad de periodistas en contextos de fuerte polarización política.
Un récord de 278 ataques a la prensa y Milei señalado en 119 casos
El segundo eje de la presentación expone el deterioro de las condiciones para ejercer el periodismo en Argentina.
Según el Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA, durante 2025 se registraron 278 ataques contra periodistas, una cifra que representa un incremento del 55% respecto de 2024.
Se trata del registro anual más elevado desde que la organización comenzó a sistematizar estos episodios, en 2008.
El relevamiento identifica al presidente Javier Milei como responsable de 119 de esos hechos, lo que lo ubica como el principal agresor individual dentro del registro.
Esto significa que aproximadamente el 43% de los ataques contabilizados fueron atribuidos al mandatario.
El informe también identifica 20 demandas contra periodistas y 28 restricciones de acceso a la información.
Las cifras muestran que las denuncias no se limitan a insultos o enfrentamientos verbales. También abarcan obstáculos al acceso a información pública y conflictos judiciales relacionados con el ejercicio de la actividad periodística.
Para las entidades firmantes, esta situación afecta no solamente a quienes trabajan en los medios, sino también al conjunto de la sociedad.
La restricción del trabajo periodístico puede reducir la circulación de información, debilitar el debate público y dificultar el control ciudadano sobre las decisiones del poder político.
Ocho acciones judiciales contra periodistas bajo cuestionamiento
El documento también pone el foco sobre el uso de herramientas judiciales contra comunicadores críticos del Gobierno.
Las organizaciones identificaron al menos ocho posibles demandas estratégicas contra la participación pública, conocidas internacionalmente como SLAPP (por sus siglas en inglés, Strategic Lawsuit Against Public Participation) , iniciadas por Milei.
Entre los periodistas mencionados aparecen Ari Lijalad, Carlos Pagni, Viviana Canosa, Julia Mengolini, Jorge Rial, Fabián Doman, Mauro Federico y Nicolás Lantos.
Las llamadas SLAPP son acciones judiciales que pueden utilizarse para intimidar, desgastar o desalentar la participación pública y la investigación periodística.
El informe no afirma que todas las demandas hayan sido declaradas judicialmente abusivas. Las identifica como posibles casos de esta práctica por sus características y por estar relacionadas con expresiones sobre asuntos de interés público.
El problema, según las organizaciones, es que un proceso judicial puede funcionar como mecanismo de presión incluso cuando no termina con una condena.
Los periodistas demandados deben afrontar gastos legales, dedicar tiempo a su defensa y asumir consecuencias personales y profesionales.
Esa situación puede extender sus efectos hacia otros comunicadores, que podrían evitar investigar determinados asuntos para no exponerse a represalias.
La combinación de demandas judiciales y descalificaciones públicas desde la Presidencia configura, según el documento, un escenario que favorece la autocensura.
Represión frente al Congreso: al menos 50 trabajadores de prensa heridos
El tercer hallazgo relevante de la presentación está relacionado con la violencia contra periodistas durante manifestaciones sociales.
Las organizaciones denuncian un agravamiento de las condiciones de seguridad para quienes cubren protestas y movilizaciones.
Como ejemplo, mencionan los acontecimientos del 15 de octubre de 2026, cuando se produjo una represión en las inmediaciones del Congreso de la Nación.
De acuerdo con los datos de la Comisión Provincial por la Memoria citados en el documento, al menos 50 trabajadores de prensa resultaron heridos durante esa jornada.
Entre los afectados, ocho periodistas recibieron múltiples impactos de balas de goma en la parte superior del cuerpo.
Uno de los casos señalados es el de Laura Quispe, quien recibió nueve perdigones en la zona lumbar.
Según la documentación incorporada a la presentación, dos de esos proyectiles quedaron alojados en su cuerpo.
Para las organizaciones, estos episodios evidencian que la violencia contra la prensa no se limita a las redes sociales ni a las declaraciones oficiales.
También alcanza a los trabajadores que desarrollan tareas de cobertura informativa en el espacio público.
El informe advierte que las agresiones durante las manifestaciones pueden restringir el derecho de la ciudadanía a conocer lo que ocurre en situaciones de conflicto social.
El reclamo internacional: que la CIDH intervenga y visite Argentina
La presentación constituye una actualización de las denuncias que las organizaciones ya habían expuesto ante la CIDH el 19 de noviembre de 2025.
En aquella audiencia, las entidades alertaron sobre el crecimiento de las agresiones, la violencia digital, el acoso judicial y los ataques contra periodistas durante protestas.
Según recuerda el documento, la Comisión solicitó entonces información al Estado argentino sobre las medidas de prevención y protección. También manifestó interés en realizar una visita al país.
Casi un año después, las organizaciones sostienen que los problemas denunciados persisten y se han profundizado.
Por ese motivo, solicitan que la CIDH avance con cuatro medidas concretas:
- Manifestar su preocupación al Estado argentino por los hechos denunciados y sus consecuencias sobre la libertad de expresión.
- Solicitar información oficial, conforme al artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
- Promover medidas para detener los discursos hostiles contra periodistas y medios de comunicación provenientes de las autoridades.
- Organizar una visita a Argentina para evaluar la situación de la libertad de prensa.
Las organizaciones también reclaman que las autoridades nacionales reconozcan públicamente la legitimidad del trabajo periodístico y garanticen su ejercicio sin amenazas ni represalias.
La presentación invoca los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional, además de los compromisos internacionales asumidos por Argentina.
Entre ellos figuran el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Ambas disposiciones protegen la libertad de expresión y el derecho a buscar, recibir y difundir información.
Libertad de prensa: una advertencia sobre el control democrático del poder
La denuncia presentada ante la CIDH coloca nuevamente bajo observación internacional la relación entre el Gobierno de Javier Milei y el periodismo argentino.
Los datos reunidos por las organizaciones describen tres problemas que se refuerzan entre sí:
- aumento de las agresiones
- presión judicial sobre comunicadores
- violencia durante las coberturas de protestas
El documento plantea que estos hechos pueden generar un efecto intimidatorio que trasciende a los periodistas directamente afectados.
También advierte sobre una consecuencia de mayor alcance: cuando investigar decisiones gubernamentales implica exponerse a amenazas, demandas o agresiones, se debilita la capacidad de la sociedad para controlar a quienes ejercen el poder.
La presentación solicita la intervención de la CIDH, pero no acredita que el organismo haya adoptado todavía las medidas reclamadas.
El próximo paso dependerá de la respuesta de la Comisión y de las explicaciones que eventualmente deba presentar el Estado argentino.
La cuestión de fondo excede el enfrentamiento entre el Presidente y determinados periodistas: está en discusión si el ejercicio de la libertad de prensa puede desarrollarse sin intimidaciones provenientes del propio poder político.
Fuente documental: Presentación de Amnistía Internacional Argentina, CELS, FATPREN y FOPEA ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fechada el 27 de octubre de 2026, cinco páginas. Las denuncias, atribuciones y cifras fueron tomadas del documento; no constituyen verificaciones independientes ni resoluciones de responsabilidad de la CIDH.
Foto de Portada: Luis ROBAYO / AFP
